Santa María, 15 de julio 2021.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears valora positivamente que el documento de inicio de acuerdos recoja la necesidad derivada del carácter insular, que nuestras islas constituyan una región a los efectos de la ayuda básica a la renta, pero todavía quedan muchos otros aspectos a definir y concretar para que realmente la nueva PAC contribuya a compensar económicamente al sector de las islas.

Por este motivo Cooperatives IB apremia al Ministerio y a las Comunidades Autónomas a que determinen lo antes posible el Plan Estratégico de la PAC para que las cooperativas y las explotaciones de sus agricultores y ganaderos socios y socias puedan contar con un marco regulatorio estable y adecuado a las IB hasta 2027.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias valoramos que la propuesta del MAPA tenga en cuenta la especificidad de Baleares, del modelo cooperativo en la aplicación del capping, del pago redistributivo y de la ayuda a jóvenes. Esperamos que tal y como anunció el ministro, Luis Planas, los trabajos técnicos realizados por parte de la Dirección General de Agricultura hasta ahora sigan avanzando y se consoliden los acuerdos alcanzados, y por tanto se pueda cerrar la negociación con la Conselleria de Agricultura.

La nueva PAC que entrará en vigor a partir de 2023 es mucho más ambiciosa desde el punto de vista medioambiental, y esa ambición se verá incrementada por la aplicación de los objetivos de las estrategias de la Granja a la Mesa y para la Biodiversidad 2030.

Jerònima Bonafé Ramis, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha destacado, “la sostenibilidad medioambiental que pretende la nueva PAC no será posible sin una sostenibilidad económica y rentabilidad del sector agrario, que vendrá de la mano de la compensación de los costes de producción de nuestras islas, y de las cooperativas, la mejor herramienta para conseguir los objetivos que marca el Pacto Verde de la UE”.

A ello se añade la publicación ayer por la Comisión Europea del paquete Fit for 55, que lanza un conjunto de iniciativas reglamentarias sin precedentes en la UE, para conseguir la reducción del 55% de los gases de efecto invernadero para 2030, lo que implicará importantes esfuerzos y adaptaciones para los sectores económicos, entre ellos el sector productor agroalimentario, y en el comportamiento de los ciudadanos.

Para alcanzar los objetivos es necesario aplicar políticas económicas coherentes con instrumentos que estructuren los sectores dentro de la PAC,  invertir en el sector productor y dar tiempo a la adaptación, conseguir la reciprocidad total con las importaciones a la UE  para no perder competitividad, y ayudar a las explotaciones a aplicar la innovación y digitalización necesaria a través de servicios de asesoramiento profesionales, donde las cooperativas agroalimentarias y los enfoques colectivos jugarán un papel clave, evitando que nadie se quede atrás y el abandono y cierre de las explotaciones familiares, base de la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sector.